El Tratado de Escazú, que fue impulsado en el marco de Río+20, del año 2012, tiene como objetivo general fortalecer la participación ciudadana, garantizar la transparencia de la información y el acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, basándose en los derechos humanos, en el derecho a la vida y a que las generaciones presentes y futuras vivan en un medio ambiente sano.
Entre el 2014 y el 2018, Chile estuvo junto a Costa Rica copresidiendo la comisión que negociaría con 24 países interesados los puntos de este Tratado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apoyó la firma de este acuerdo como secretaría técnica y solo faltaba la ratificación de los países que finalmente habían decidido participar. La fecha límite para reafirmar este compromiso expiró el pasado 26 de septiembre y pese a la gran participación que tuvo para su formulación, nuestro país se abstuvo, ganándose el rechazo de un amplio sector de la ciudadanía que veía en esta alianza un avance en la conservación de la naturaleza y la participación ciudadana.
“El no haber firmado es bastante vergonzoso a nivel internacional considerando que Chile fue el país que promovió el acuerdo. Creo que para el Gobierno priman los intereses económicos por sobre los ambientales, sin entender que si no hay un balance entre ambos intereses los proyectos tendrán serios problemas para su sustentabilidad”, sostuvo la profesora Audrey Grez, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet).
Por su parte, el profesor Álvaro Gutiérrez, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA) advirtió que “si el tratado entra en rigor, al no adherir, no participaremos en la primera conferencia de las partes en las cuales se definirá como funcionarán los organismos que velen por el tratado. Por lo mismo, nos aislaremos de los avances de la región y quedaremos atrás en materia de protección. Es una muy mala señal que este país, siendo el impulsor del tratado y además líder de la COP25 no haya ratificado el tratado”.
Ambos académicos coinciden en que, pese a la abstención de nuestro país de ratificar Escazú, aún hay una oportunidad de plasmar sus principios en una Nueva Constitución.
Participación ciudadana
De acuerdo con la profesora Grez una de las principales consecuencias de no haber firmado el Tratado es que se continuará con la dinámica de mantener al margen de la toma de decisiones la opinión y conocimientos de las comunidades locales, las cuales son las principales afectadas por proyectos de inversión con alto impacto socio ambiental. A su vez, este acuerdo velaría por la protección a defensores ambientales, “que muchas veces resultan asesinados en varias partes del mundo, especialmente en Latinoamérica”, enfatizó la académica.
Opinión que comparte el profesor Óscar Fernández, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza (CFCN), al señalar que “de manera histórica, se ha visto cómo el crecimiento económico ha estado de la mano con el impacto ambiental en los territorios, a lo que hoy se suma la creciente evidencia de los efectos sobre la naturaleza y el planeta provocados por el cambio climático. Por lo tanto, así como crecen los impactos, en especial en aquellas regiones asociadas a actividades económicas extractivas, es que también se acentúan los conflictos locales, relacionados principalmente a recursos hídricos, contaminación del aire y biodiversidad. De esta manera, al no firmar el tratado, no se avanza en temas que son tan críticos para muchas poblaciones, en particular para aquellas que viven en las zonas de sacrificio”.
“Para estas personas, es crucial que se les garantice el derecho a la información, la participación en decisiones que afectan la vida y el entorno y acceder a la justicia cuando estos derechos son vulnerados”, agregó el académico de CFCN.
La participación de la ciudadanía es fundamental en estos procesos y en el desarrollo de un país. “Los ciudadanos, especialmente aquellos que serán directamente afectados por proyectos con consecuencias medioambientales, son los que conocen más las posibles o actuales consecuencias de dichos proyectos. Sus argumentos deben ser escuchados, por un principio democrático y de empatía. A mayor información y confluencia de conocimientos – desde lo académico y científico hasta los conocimientos de comunidades locales- las decisiones son más integrales y por lo tanto pueden ser mejores que las de hoy”, añadió la profesora Grez.
El Tratado de Escazú no solo apunta a fortalecer la participación ciudadana en los temas medioambientales sino que, también, a garantizar la transparencia y el acceso a la información y a la justicia en estas materias.
“El acceso a la información y la participación debieran ser precedentes para detener a tiempo proyectos irracionales de empresas extractivas extranjeras y locales que no respetan los sistemas sostenedores de vida y comunidades humanas locales. Garantizar los derechos de acceso a la información fortalece la democracia, y es una herramienta concreta para una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad de los territorios. Los gobiernos debieran preocuparse de la ciudadanía y los problemas ambientales que pueden mermar sus derechos humanos, en eso el tratado de Escazú nos muestra líneas de acción a través de estos principios”, afirmó el profesor Gutiérrez.
El académico de la FCA sostiene que en nuestro país predomina una imposición de proyectos en los cuales la ciudadanía no está informada. “Solo al conocer la ejecución del proyecto debe hacerse parte de los procesos de manera engorrosa y costosa. De hecho, el acceso a la justicia ambiental es limitado por los altos costos que deben incurrir personas u organizaciones no gubernamentales”, agregó.
La profesora Grez también siente que en el mundo de hoy hay mucha desconfianza, “justamente porque muchas de las decisiones se toman a puertas cerradas y algunas veces existen notables conflictos de interés. Por ello, es necesario que se facilite el acceso a la información y que esta se presente de manera ordenada, clara y oportuna. La rendición de cuentas en materia ambiental debe ser una práctica sistemática y transparente en todos los niveles”.
En el año 1987, explica el profesor Fernández, se redacta el informe “Nuestro Futuro Común” con el propósito de replantear las políticas de desarrollo económico debido a los altos costos medioambientales. Es la primera vez que se utiliza el término desarrollo sostenible, en respuesta a la necesidad de asegurar los mismos derechos y acceso a los recursos hoy y en el futuro. “Sin el interés ciudadano que promueva y participe activamente en la conservación y protección del medio ambiente, el asegurar que las generaciones futuras puedan acceder a los recursos que tienen las presentes generaciones, se vuelve muy poco viable”, señaló.
Legislación medioambiental en debate
La creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente sin duda son acciones concretas de un fortalecimiento institucional en materia medioambiental. Sin embargo, este gobierno ha dado señales ambiguas sobre su postura en la conservación de la naturaleza.
“Por un lado se postula públicamente, a través del Ministerio del Medio Ambiente, una preocupación por la conservación, el reciclaje domiciliario, llevar las emisiones de gases de efectos invernadero a cero el 2050, planes de descontaminación. Por otro lado, no se resuelven los problemas territoriales como el acaparamiento de agua por cultivos agrícolas, se amparan acciones de sustitución de bosques nativos por monocultivos agrícolas, se defiende la forestación con especies exóticas, entre otros”, recalcó el profesor Gutiérrez.
Asimismo, el veto del gobierno al Proyecto de Ley Pro Inversión, relacionada con la pertinencia de la calificación ambiental de proyectos, cuando el Congreso ya la había aprobado, refuerza la idea de que se le está restando importancia a la protección del medio ambiente y el impacto que diferentes actividades económicas generan en la comunidad y los recursos naturales.
“En algunos proyectos que son icónicos en relación a conflictos ambientales, el gobierno ha tomado parte activa en proteger a las empresas y no a la ciudadanía, sin pudor”, argumentó la profesora Grez.
“Demás está decir lo poco prolijo de los proyectos que ha presentado este gobierno al Congreso, los cuales suman un sin número de indicaciones que solo harán retrasar la urgente actualización de la legislación medioambiental de Chile, dadas las actuales crisis ecológicas y climáticas que estamos viviendo en el país. Justamente es ahora cuando debemos reaccionar para detener la degradación de ecosistemas, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, proveer medios de subsistencia sustentables a las comunidades, por ejemplo, a través del acceso universal al agua”, criticó el profesor Gutiérrez.
Para el profesor Fernández, es necesario, además de las iniciativas que puede tener un gobierno de turno, reforzar la educación ambiental en la ciudadanía, no solo la que se entrega, sino también la que puede surgir por interés personal. “Hay que estar conscientes de que hay muchos impactos generados por nuestras acciones cotidianas, dentro de las que se incluyen un deficitario manejo de los residuos domiciliarios y sus asimilables y el bajo interés ciudadano por llevar a cabo actividades que promuevan la reducción de residuos, reciclaje, una valoración energética responsable de los residuos y una disposición final que realmente apunte a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios”, explicó.
El acceso a la información tiene relación con la intención de la ciudadanía por conocer algo nuevo, que, en materia medioambiental, puede ser también por querer protegerlo, a eso se le llamaría objeto de conservación de acuerdo al profesor Fernández. “Si sumamos la educación ambiental, se puede analizar cuáles son las amenazas sobre ese o esos objetos de conservación, cuáles son los factores de amenaza que llevan a un ecosistema o una especie a estar en una condición vulnerable y finalmente al desarrollo de estrategias que ayuden a minimizar las presiones humanas o naturales sobre ese objeto de conservación”, detalló.
Desafíos al margen de una firma
El cambio climático y la acción del hombre representan serias amenazas al ecosistema y es momento de generar estrategias, aunar esfuerzos y promover el trabajo por la conservación del medioambiente. Los recursos naturales se están agotando y nos encontramos contra el tiempo para garantizar el derecho a que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo sano.
“Debemos actuar, es el momento de la acción para proteger los sistemas que sostienen nuestra propia vida. Es el momento de avanzar de la visión antropocéntrica que ha dominado el modelo de desarrollo chileno a una ecocéntrica o centrada en la vida”, declaró el profesor Gutiérrez, haciendo énfasis en que es necesario informar y educar a la ciudadanía y en que este no es un momento de prudencia en la protección climática y ecológica.
La Universidad de Chile cuenta con numerosas iniciativas tales como el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA), el Centro de Derecho Ambiental (CDA), el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), entre otras, que en un trabajo colaborativo e interdisciplinario genera análisis, nuevos conocimientos y propuestas de políticas públicas basadas en evidencia científica y tomando en consideración todos los sectores de la sociedad.
Sin embargo, es un trabajo que no se detiene, que debe ir incorporando más aspectos, apuntando a mejorar la información territorial, como mapas detallados de suelos o estado real de los ecosistemas; o a la participación activa de las y los académicos en instancias de información y educación a la ciudadanía.
Sin bien la participación ciudadana es importante para la conservación del medioambiente, la clave del éxito en cualquier iniciativa que se impulse es la educación ambiental, la que propenderá a valorar y seguir prácticas de desarrollo sostenible que permitirán que futuras generaciones puedan ejercer su derecho a vivir en un medio ambiente sano.
La profesora Grez plantea que el rol de la academia debe ejecutarse “hacia y desde la ciudadanía en relación al valor de la biodiversidad para el planeta y para el hombre, sus amenazas y formas y compromisos para protegerla, partiendo por hacer la mejor docencia de pre y postgrado. Y los estudiantes deben ser fuentes informadas y transformadoras, exigiendo un mejor trato hacia el medioambiente”. Asimismo, la académica de Favet destaca las iniciativas de Ciencia Ciudadana, como la que impulsa desde su Laboratorio de Ecología de Ambientes Fragmentados, para promover la educación ambiental y fortalecer actitudes en pro de la Naturaleza.
“Debemos ser más efectivos en transmitir a la comunidad universitaria y la ciudadanía que los derechos humanos fundamentales están íntimamente relacionados con el medio ambiente. La universidad tiene una responsabilidad clara ahí, en promover pasos que nos hagan avanzar en estos desafíos a través de la educación ambiental a nuestros parlamentarios y funcionarios públicos, el apoyo a las comunidades en territorios con conflictos ambientales, con investigación aplicada para evaluar el estado de los ecosistemas, etc”, apuntó el profesor Gutiérrez.
El profesor Fernández concluyó que “no podemos seguir manteniendo un ciclo de vida en donde se promueve la extracción y disposición final, en vez de promover las economías circulares que generan menor impacto en la extracción de los recursos y menores huellas ecológicas”.
Existen muchos temas pendientes para poder ver un avance real en la protección del medioambiente y derechos humanos. Si bien Chile no ratificó la firma, aún se está a tiempo de adherir al Tratado de Escazú, y se debe insistir en ello, pero lo más importante es que estamos a tiempo de plasmar en una Nueva Constitución la problemática medioambiental y el derecho de las personas a vivir en un medioambiente sano, a participar de los procesos de desarrollo del país, a tener acceso a la información completa y oportuna, y a defender la naturaleza sin miedo.