A la ceremonia, participaron los ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga; de Agricultura, Carlos Furche; y de Energía, Andrés Rebolledo; los senadores Adriana Muñoz y Francisco Chahuán, entre otros parlamentarios, además de académicos de diversas universidades; dirigentes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) y la Asociación de Agua Potable Rural Intercomunal Región Metropolitana (APRIN), organizaciones de usuarios del agua; el Director General de Aguas, Carlos Estévez y funcionarios de dicho servicio, entre otros.
Esta nueva ley es parte de un proceso de reflexión y análisis nacional, además de responder a recomendaciones de la OCDE respecto de una deseable mejoría de la gestión del agua para el período 2016-2025, específicamente en la necesidad de imponer límites efectivos y exigibles a las extracciones de agua. Así como, incorporar consideraciones ambientales y ecológicas, una gestión más eficiente del recurso, en escenarios de escasez y de cambio climático.
El Ministro Undurraga afirmó que esta norma se enmarca dentro de un trabajo más global que busca fortalecer la regulación para velar por el buen uso de las aguas ; mejorar el marco normativo de los sistemas de Agua Potable Rural y un cambio de ritmo en materia de acumulación de aguas, con el programa de grandes y pequeños embalses en curso.
La nueva ley, que está en trámite de promulgación tras haber sido aprobada ampliamente en el Congreso Nacional, plantea que para la inscripción de derechos de agua el único organismo con obligación de hacerlo son los conservadores de bienes raíces, facilitando con ello este trámite. Además, los usuarios deberán instalar y mantener sistemas de medición de aguas y de transmisión de la información. A ello se suma que se incorporan nuevas infracciones sancionables. Todo esto otorga nuevas facultades a la Dirección General de Aguas y define mayores facilidades de control para poder evaluar con mayor precisión el correcto uso del agua.
Consultado al respecto, el Dr. Pablo García académico de la U. de Chile, hidrólogo y consultor de UNESCO en estas materias , señaló que “esta legislación es un avance país, porque todo lo que apunte a una mejor gestión de agua en escenarios de escasez y de incertidumbre climática, es una apuesta por mejorar nuestra productividad y nuestra gestión ambiental ”.
La nueva ley entrega también nuevas atribuciones a las organizaciones de usuarios de aguas, como por ejemplo el deber de observar el cumplimiento de la prohibición de verter basuras a los canales, además de poder denunciar las extracciones ilegales de áridos en zonas de cauces, los que pueden provocar problemas de inundaciones o impactar la calidad del recurso hídrico.
Por su parte, el Dr. Roberto Pizarro de la Universidad de Talca, planteó que “el tener mayores elementos para la medición del recurso en términos de su uso y extracción, es muy relevante desde un punto de vista científico, toda vez que ello facilita las estimaciones de ingeniería hidrológica y permite conocer de mejor manera el comportamiento del agua en forma superficial y subterránea”.
Finalmente, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, señaló que esta es una reforma potente, considerando que al ser el agua un bien nacional de uso público, el país en su conjunto está llamado a cautelar el buen uso de este bien finito y esta ley viene a dar cuenta de esa necesidad central desde un punto de vista productivo, social y ambiental.